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En el Parque Nacional de la capital del país hay una placa que lleva inscrito un poema titulado ¡Ni una rosa más! y que Adriana Cely escribió en memoria de su hermana Rosa Elvira, la mujer que en ese lugar murió torturada y violada a manos de un hombre llamado Javier Velasco.
Fotos: Archivo Colprensa y especial para El País |
Isabel Agaton, promotora de la ley, reseñó que desde su aplicación se han tenido logros significativos, y el primero de ellos “es que el Estado colombiano haya reconocido una realidad que venía existiendo y el hecho de nombrarla y hacerla visible es fundamental. Lo que no se nombra no existe y empezar a mencionar el feminicidio como un delito es visibilizarlo”.
Los avances y los retos
Isabel Agaton, promotora de la ley, reseñó que desde su aplicación se han tenido logros significativos, y el primero de ellos “es que el Estado colombiano haya reconocido una realidad que venía existiendo y el hecho de nombrarla y hacerla visible es fundamental. Lo que no se nombra no existe y empezar a mencionar el feminicidio como un delito es visibilizarlo”.
“El Instituto de Medicina Legal adoptó el protocolo para la detención del riesgo de desenlace mortal en la violencia de pareja y es así como ha identificado un número importante de mujeres que están en riesgo de ser asesinadas, y es así como esto constituye un logro muy importante”, señaló la abogada, quien añadió que obliga al Estado a implementar acciones para evitar que el riesgo se complete.
Respecto de los retos que aún tiene la implementación de la ley, Agaton acotó que es necesario fortalecer la investigación en la desaparición de niñas y mujeres, porque esta se encuentra directamente ligada con el feminicidio.
“En la medida en la que se actúe de manera más eficaz y prontamente, el riesgo de encontrarla con vida será mayor. Yo creo que la Fiscalía ha priorizado las investigaciones por los delitos a las mujeres, también es necesario incorporar la perspectiva de género bajo otro tipo de delitos como la desaparición, para evitar que el feminicidio se concrete”, dijo Agaton.
La promotora de la ley expresó que se deben tener en cuenta los suicidios en el país, esto debido a que en ocasiones el “perpetrador” manipula la escena del crimen y hace creer a la justicia que se está ante un caso de esta magnitud. Agaton pidió fortalecer los mecanismos de investigación.
La abogada precisó que el Estado colombiano tiene una deuda importante con las mujeres asesinadas y con las sobrevivientes de feminicidios, precisamente, con los hijos. Para Agaton, el proceso no culmina en una sentencia, sino que se debe reparar a la familia de la víctima, porque el cuidado de los hijos también tienen connotación de género.
A la voz de Agaton se sumó la de Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira, quien señaló que si bien hay avances y retos, también hay limitantes: “Que haya una ley no implica que se haya implementado de la mejor manera”.
Así como Agatón, Cely, quien es activista de los derechos de las mujeres y trabajadora social, consideró que si bien la ley es una herramienta que facilita la investigación y de cierto modo permite conocer el tipo de violencia que se ejerce contra la mujer, la implementación de la normativa aún se encuentra en proceso.
“Hay algo que no ha permitido que avance y es desde el aparato judicial, de los funcionarios que son los que realmente la deben implementar de la mejor manera”, dijo Cely, y agregó que son los jueces y los fiscales los que deben apropiarse de la norma para lograr condenas ejemplares en los casos donde hay violencia contra la mujer.
Para Cely, así como para Agaton, la prevención en la violencia de género es fundamental, ya que ambas coinciden en que si hubiese métodos de prevención desde cuando la mujer denuncia, seguramente, se evitarían los feminicidios.
“Las mujeres previo a que suceda el feminicidio han puesto una denuncia y no hay una prevención y un acompañamiento clave, cuando llega la muerte tampoco hay bases para que se establezca que el deceso fue por el hecho de ser mujer”, argumentó la activista.
Si bien, Cely da su visto bueno respecto de los avances, como lo fue la creación de la Secretaría de la Mujer, entre otras acciones, también reseña que todavía falta la formación respecto de lo que dicta la normativa.
“La misma ley dice que se debe implementar la cátedra de género desde el grado preescolar y transversal en la parte educativa y aún más en los entes, y eso no ha permitido el avance de la ley”, afirmó. Además, añadió que a Colombia, pese a lo lento de la implementación, le faltaba dicha ley, que de cierto modo, su hermana ayudó a construir.
Respecto de las sentencias emitidas durante este espacio, Agaton y Cely coincidieron en que no son muchas las obtenidas. Desde el punto de vista de la promotora de la ley el reto lo tiene el Consejo Superior de la Judicatura, debido a que son ellos los que deben tener un acopio de los feminicidios y de cierto modo, la responsabilidad en ello.
Agaton explicó que si bien quien tipifica el delito de feminicidio es la Fiscalía con base en las pruebas, quien tiene la decisión final es el juez que adelanta el proceso.
Cely, por su parte, reprochó que los condenados por feminicidios tengan rebajas en sus condenas, porque a su juicio, lo que se debe demostrar son las condenas ejemplarizantes.
Homicidio y feminicidio
El penalista Camilo Burbano aclaró que no todo homicidio de una mujer constituye un feminicidio. Lo que diferencia el homicidio del feminicidio es el móvil y catalogar el motivo por el cual el actor ejerció violencia sobre la mujer.
“Cuando existe feminicidios, existe un móvil del actor relacionado con que la muerte dada a la mujer se hizo por el hecho de ser mujer o su condición de género. Es decir, cuando el autor mata a la mujer por ser mujer se constituye feminicidio”, argumentó el penalista.
Burbano reseñó que el feminicidio implica un grado probatorio mayor que el de un homicidio como tal, y la exigencia en las pruebas es mayor, porque de se debe demostrar, como ya se ha reiterado, que la muerte obedeció por el hecho de ser mujer.
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