Protección

 

Histórica sentencia de la Corte Constitucional ordena mejorar el sistema de protección de víctimas de trata en Colombia

La Corte ha emitido la sentencia en el marco del caso de Yolanda*, una mujer venezolana víctima de trata 

La decisión puede servir como ejemplo a seguir para mejorar los sistemas de protección de otros países de la región

Yolanda mira a través de una ventana durante la entrevista con Women's Link © Laura Martínez Valero / Women's Link Worldwide

Colombia, 11 de octubre de 2021 – La Corte Constitucional de Colombia, en una sentencia sin precedentes, ordenó al Estado colombiano mejorar el sistema de protección de víctimas de trata. Esta decisión se produce como consecuencia del caso de Yolanda*, una mujer venezolana víctima de trata representada por la organización internacional Women’s Link Worldwide, que no había sido adecuadamente identificada como víctima de trata ni protegida por las autoridades colombianas.

La Corte ampara los derechos de Yolanda y su familia, y va más allá de su caso particular al ordenar medidas estructurales para mejorar la protección de todas las víctimas de trata a nivel nacional. Además, supone un importante precedente a nivel regional al ser la primera decisión judicial en la región que protege los derechos humanos de una mujer migrante venezolana víctima de trata.

La decisión es también un referente para mejorar los sistemas de protección de otros países a los que llegan mujeres víctimas de trata procedentes de otros países, como Venezuela, especialmente en un momento en el que la pandemia de COVID-19 y la emergencia humanitaria en Venezuela han aumentado la salida de miles de mujeres y niñas venezolanas, que están expuestas a múltiples violencias de género, entre ellas, la trata de personas.

“La trata de personas es una vulneración de derechos humanos que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas. Con esta histórica decisión la Corte Constitucional renueva su compromiso con los derechos de las mujeres y demuestra, una vez más, el importante papel de los sistemas de justicia para garantizar los derechos humanos de las mujeres cuando los gobiernos o las autoridades administrativas fallan en su protección”, afirma Ana Margarita González, abogada de Women’s Link Worldwide.

Qué ordena la Corte

La Corte Constitucional ordena medidas estructurales para mejorar el sistema de protección a víctimas de trata en Colombia, entre las que se encuentran: diseñar un protocolo de identificación de víctimas; capacitar a los servidores públicos con funciones relacionadas con la lucha contra la trata de personas; y brindar protección y asistencia integral a las víctimas en cuanto se detecten indicios de trata, sin necesidad de que exista una investigación penal del delito y asegurando que, si existe, dicha investigación no se anteponga a la protección de los derechos humanos de las víctimas.

Las medidas están dirigidas a diferentes autoridades, como el Comité Intersinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior o Migración Colombia, entre otros.

El caso de Yolanda

Yolanda es una mujer venezolana que, en 2019, fue engañada por una red de trata con una promesa de trabajo como vendedora de café en Colombia. Tras llegar al país, fue amenazada para ser explotada sexualmente, tanto ella como sus hijas de 6 y 7 años. Yolanda huyó y solicitó ayuda, pero las autoridades no la identificaron como víctima de trata. Como consecuencia, Yolanda no pudo activar la ruta integral de protección y asistencia para la atención de víctimas de trata, por lo que no ha tenido acceso a vivienda adecuada, a servicios de salud mental y física, empleo, ni a las condiciones mínimas de subsistencia. Además, ella y su familia se han enfrentado repetidas veces a amenazas por parte de la red de trata. Acompañada por Women’s Link Worldwide, Yolanda llevó su caso al sistema de justicia, donde llegó hasta la Corte Constitucional.

En su actual decisión, la Corte ampara los derechos de Yolanda y su familia, confirma y amplía las medidas de protección que les fueron otorgadas de manera provisional e inmediata por la Corte en septiembre de 2020. Dichas medidas no han sido cumplidas por las autoridades competentes, por lo que Yolanda y su familia permanecían en situación de vulnerabilidad hasta ahora.