Un año después: avances normativos, deudas institucionales
A un año de la entrada en vigencia de la ley que busca regular la violencia contra las mujeres en la política en Colombia, persisten preocupantes vacíos en su implementación. Así lo advierte El Espectador, al señalar que varios de los protocolos que debían ser ajustados en el Congreso aún no han sido actualizados conforme a lo establecido por la normativa.
La ley representa un paso importante en el reconocimiento de una problemática estructural: la violencia política de género, que limita la participación efectiva de las mujeres en escenarios de toma de decisión. Sin embargo, la distancia entre la formulación normativa y su ejecución práctica sigue siendo evidente.
Entre los principales puntos críticos se encuentran la falta de actualización de protocolos institucionales, la débil articulación entre entidades y la ausencia de mecanismos claros de seguimiento y sanción. Estas falencias no solo ralentizan la aplicación de la ley, sino que también envían un mensaje contradictorio frente al compromiso del Estado con la garantía de los derechos políticos de las mujeres.
Organizaciones sociales, lideresas y observatorios han emitido alertas sobre el riesgo de que la ley se convierta en un instrumento simbólico si no se fortalecen los mecanismos de implementación. La persistencia de agresiones —que van desde el acoso verbal hasta la violencia digital y la exclusión sistemática— evidencia que el problema no es únicamente jurídico, sino también cultural e institucional.
Este panorama plantea un reto urgente: pasar del papel a la acción. La efectividad de la ley dependerá de la voluntad política, la asignación de recursos y la presión de la ciudadanía organizada para exigir su cumplimiento.
En un contexto donde la participación de las mujeres es clave para la democracia, garantizar entornos políticos libres de violencia no es opcional: es una condición indispensable para la equidad y la justicia social.
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