No es imitación, es derecho.
Cada vez que una mujer estudia, trabaja, lidera un proceso comunitario, participa en política, opina en un debate público o establece límites claros sobre su cuerpo y su tiempo, todavía hay voces que intentan reducir su acción a una supuesta “imitación” de lo masculino.
Nada más equivocado.
El acceso a la educación, al trabajo digno, a la participación política y a la libre expresión no pertenece a un género. Son derechos humanos fundamentales, reconocidos en marcos constitucionales y en acuerdos internacionales que el Estado colombiano ha suscrito. No son concesiones culturales ni privilegios temporales: son garantías básicas.
Históricamente, el poder —económico, político y simbólico— fue asociado a lo masculino. Por eso, cuando las mujeres ocupan espacios de decisión o asumen liderazgo, algunos sectores lo perciben como una transgresión. Pero no se trata de ocupar un lugar “ajeno”; se trata de ejercer plenamente la ciudadanía.
Poner límites no es rebeldía caprichosa. Es autonomía.
Opinar no es confrontación gratuita. Es participación democrática.
Liderar no es competir con los hombres. Es aportar capacidades, miradas y experiencias diversas.
La igualdad no borra diferencias; elimina jerarquías injustificadas.
En un país que avanza —aunque con resistencias— hacia una democracia más incluyente, es fundamental comprender que los derechos no se masculinizan ni se feminizan: se ejercen. Y cuando una mujer los ejerce, no está dejando de ser mujer ni intentando parecer hombre. Está ejerciendo su condición de ciudadana.
Porque la dignidad no tiene género.
Y los derechos tampoco.
La igualdad no borra identidades. Las libera.
El progreso no masculiniza. Dignifica.
