En un reciente foro convocado desde la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer “Teresa de la Parra” de mi Universidad Católica Andrés Bello, varios panelistas pudimos conversar sobre la Recomendación General 40 (RG 40) que emitió en octubre 2024 la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Haciendo un poco de historia, recordamos que Venezuela asumió el compromiso de proteger a las mujeres y se adhirió a la CEDAW el 17 de julio de 1980. En ese entonces la primera Ministra de la Mujer, Mercedes Pulido de Briceño, convocó a muchas expertas que participaron de esta Convención y de la de Belen Do Pará, destacando los roles de Ana Lucina García Maldonado, Virginia Olivo de Celli, Ofelia Alvarez, Evangelina García Prince, Lilia Arvelo Alemán, Sonia Sgambatti, Isolda Heredia de Salvatierra, Natalia Brandler y muchas más, que nos representaron en todos estos actos y lucharon porque la voz, necesidades y expectativas de las venezolanas fuesen escuchadas.
El Estado venezolano como estado signatario CEDAW debe cumplir con sus mandatos dirigidos a garantizar la participación política de las mujeres en la vida pública, así como a prevenir la violencia política contra éstas y a respetar y proteger con la debida diligencia sus derechos políticos. El caso es que como revelan los Informes Sombra que numerosas organizaciones feministas de la sociedad civil y el Observatorio Venezolano de Mujeres elaboran y consignan ante ese organismo internacional, el gobierno sigue en deuda con las venezolanas en esa materia.
La misma CEDAW, en sus Observaciones Finales sobre el noveno informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela (mayo, 2023) en lo referente a la participación en la vida política y pública de las mujeres en condiciones de igualdad, manifestó su preocupación por “las informaciones relativas a amenazas, intimidación y violencia contra las mujeres que ocupan cargos públicos, que están expuestas a un clima de temor que las disuade de participar en la vida política y pública”.
En ese mismo informe se recomendó al Estado venezolano, que promoviera la igualdad de representación de las mujeres en el Parlamento y la administración pública, especialmente en los niveles de adopción de decisiones, que modificara la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley de Partidos Políticos para establecer la paridad de género en las estructuras de los partidos y en sus listas electorales con la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento por los partidos políticos y que adoptara medidas para combatir la violencia política contra las mujeres mediante campañas de prevención e imposición de sanciones a los culpables. Nada de esto se ha ejecutado ni vemos señales de que se esté considerando siquiera.
La realidad es que muy pocas mujeres llegan, poquísimas se mantienen (por lo general ocupan cargos hiper feminizados con poca influencia) y casi ninguna logra incorporar perspectiva feminista en las políticas públicas y en las acciones de gobierno que logren cambiar las condiciones de las mujeres. El discurso de la igualdad pasó a ser retórico, se banaliza la violencia política, el concepto de empoderamiento ha sido manipulado, se nos cancela y descalifican nuestros mensajes feministas como asuntos no sustantivos, la misoginia va en aumento y los más decentes se dirigen a nosotras con actitud disuasoria para que “bajemos la intensidad”.
¿Por qué es importante la RG 40?
Porque pone en la paridad 50-50 el foco principal. En palabras del Comité, no alcanzar la paridad impedirá a los Estados y a la comunidad internacional abordar eficazmente los urgentes retos nacionales, regionales y mundiales, en particular los relacionados con la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico, el cambio climático y los avances tecnológicos como la inteligencia artificial.
Lo definen como crucial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2030. Para mayo 2023 ninguno de los 17 se habían alcanzado, especialmente el 5 Igualdad de Género, que está por detrás de lo esperado a nivel global. La RG 40 establece que todas las desigualdades se agravan debido a la discriminación estructural y las desigualdades sexistas existentes, tanto en lo público como en lo privado.
En lo personal estoy convencida que la paridad es una lucha por un derecho similar al del sufragio. No es una concesión de los partidos políticos ni las juntas directivas ni los mandatarios cuando eligen su gabinete, es un derecho político.
Celebro que en la Recomendación invitan a abandonar la bandera de las cuotas de género del 30% porque eso refuerza la idea de que somos minoría cuando numéricamente ni somos un colectivo ni una minoría, somos la mitad de la población. Con esta recomendación, no se apela a la transitoriedad o la discriminación positiva, la paridad pasa a ser un principio universal y permanente. Es un reclamo que el feminismo radical tiene tiempo haciendo: Sin paridad no puede haber democracia. La paridad es un derecho constitutivo de la democracia.
Todos los informes y reportes y hasta el sentido común racional, resaltan lo bien que nos iría como sociedad si las mujeres participaran y tomaran más decisiones. Pero las cifras revelan que las mujeres seguimos siendo excluidas de todos los espacios de poder. Los avances son lentos y tienen retrocesos. La situación de las mujeres se está negociando permanentemente. No hay cambios estructurales, solo mujeres masculinizándose para aferrarse al poder, a recoger migajas, como decía mi maestra Evangelina. La verdad es que todos los días, en todo momento, los derechos de las mujeres se pasan por alto, se amenazan y se socavan.
LA RG 40 invita a abordar los obstáculos estructurales que impiden una representación igualitaria de todas las mujeres en los sistemas de toma de decisiones, en particular la discriminación y los estereotipos que les impiden ejercer estos derechos y la violencia machista que dificultan su acceso al poder.
¿Cómo hacer para que la paridad sea sustantiva y no solo formal?
Para cambiar esta situación se precisa una transformación estructural de los roles y responsabilidades de género en las esferas pública y privada, de modo que se fomente un contexto en el que mujeres y hombres puedan conciliar de forma igualitaria sus obligaciones y competencias profesionales y sus responsabilidades familiares y otras responsabilidades de cuidados, por ejemplo mediante una nueva organización del trabajo y la reconfiguración de los conceptos de productividad, monetización y economía del cuidado.
La agenda feminista es la agenda de la igualdad, no de la inclusión. No se trata de encajar en este sistema patriarcal que valora lo masculino por encima de lo femenino, sino diseñar otro donde mujeres y hombres vivamos en igualdad de condiciones. Por ello urge un gran acuerdo nacional en torno a la paridad, donde Estado, partidos políticos, sector privado, sociedad civil, se comprometan a facilitar las condiciones para que más mujeres lleguen al poder.
La RG 40 es un paso necesario en la agenda de derechos humanos, pero su efectividad dependerá de la voluntad política de los Estados y de su articulación con las luchas de base. Para que realmente se transforme las condiciones de vida de las mujeres, este conjunto de intenciones debe complementarse con acciones vinculantes, financiamiento adecuado y mecanismos de monitoreo.
Sin una fuerte voluntad política y movilización social, corre el riesgo de quedarse en papel. Las organizaciones feministas juegan un papel crucial en exigir a los gobiernos nacional, regional y municipal, así como a las empresas privadas, que ejecuten estas recomendaciones y generar presión pública que les haga costoso políticamente ignorar estas demandas.
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