MUJERES

Más de la mitad de los medios en la región no tiene protocolos de

violencia de género

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La cifra la dio el informe Medios sin violencias: La urgencia de políticas de abordaje y prevención

En 2019, la periodista Vanessa Restrepo denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de quien era su editor en El Colombiano. Además de que su caso abrió un proceso judicial contra el periodista Juan Esteban Vásquez, también permitió hablar sobre la seguridad de las periodistas en los entornos laborales, los protocolos de atención, prevención y sanción de las violencias de género y el papel de las empresas para acompañar situaciones similares a las que vivió Restrepo.

La sentencia T-140 de 2021 de la Corte Constitucional por el caso de la periodista sentó un precedente al condenar las violencias de género en espacios laborales y la falta de respuesta de empresas como El Colombiano. Según el alto tribunal, Restrepo “fue revictimizada en varias oportunidades, sin ofrecerle una opción de protección real, concordante con las obligaciones de prevenir, investigar y erradicar la violencia contra las mujeres periodistas”.

Además de condenar la revictimización y dictar medidas para la empresa, exhortó a las empresas, públicas y privadas, a crear protocolos de atención, prevención y sanción de violencias de género bajo los principios de la debida diligencia y corresponsabilidad, la no tolerancia y la no repetición. A la vez de que deben de ofrecer protección a la víctima, atención psicosocial y asesoría jurídica.

En la práctica, la adopción de protocolos para las violencias de género en las salas de redacción a nivel regional no son alentadoras, según el último informe “Medios sin violencias: La urgencia de políticas de abordaje y prevención” que elaboró la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de Unesco.

De acuerdo con este estudio aplicado durante cuatro meses a periodistas de distintos 95 medios de Argentina, Perú, México, Colombia, Panamá, Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia, República Dominicana y Honduras, el 57 % de estos no cuenta con protocolos para las violencias de género y solo un 18,5 % tiene áreas especializadas de atención.

“La existencia de protocolos de violencia de género es un paso más hacia la construcción de organizaciones de medios más democráticas. La violencia de género es un problema estructural vinculado a las relaciones de poder que requiere de un compromiso constante de todas las personas que trabajan en los medios para desarticularla. En este proceso, los protocolos ofrecen un mecanismo para abordar las violencias en sus diferentes etapas: desde la prevención hasta la atención de las denuncias”, señaló Sandra Chaher, presidenta de Comunicación para la Igualdad y coordinadora de la investigación.

Entre otros datos obtenidos en la investigación se encontró que el 75 % de las encuestadas sabe de algún caso de violencia de género contra periodistas; en uno de cada 10 casos (en total fueron registrados 96) se presentaron violencia física y digital.

En ese caso, las salas de redacción son el primer lugar donde denunciaron haber vivido o atestiguado violencia de género, seguido por los espacios digitales.

Quien ejerce mayor violencia contra las periodistas en las salas de redacción son personas con jerarquía en donde trabajan y en la red (redes sociales, correo y apps de mensajería instantánea) los agresores son desde usuarios anónimos hasta funcionarios públicos y políticos.

“Hay una estrategia constante de ataque a las o los periodistas, pero este ataque en redes sociales es mucho más fuerte siempre a las mujeres que a los hombres: de desprestigio, de constante matoneo digital y demás. Incluso de generar tendencias para que haya presiones sobre el medio también”, comentó una periodista colombiana sobre la violencia digital.

De los 96 casos de violencia conocidos durante la investigación, un 28,1 % se denunció la situación. Un 18, 7 % lo hizo internamente y un 9,4 % ante autoridades oficiales. “Las razones para no realizar denuncias son variadas: desde sentir que la situación quizá no es lo suficientemente grave como para que amerite denunciar, hasta tener miedo de hacerlo”, dice el informe.

De los casos denunciados, en un 54,5 % los agresores no fueron sancionados. Se encontró que una mayoría tiene cargos de autoridad o protección por parte de las autoridades. La investigación evidenció que la protección a los agresores se presentó incluso en estructuras horizontales.

“Algunos agresores tienen cargos importantes, pero otros pueden ser muchachos que están incluso al mismo nivel que las víctimas. El acoso laboral generalmente se da desde cargos jerárquicos, pero el acoso sexual o de comportamientos inadecuados se da en todos los niveles”, anotó una periodista sobre los ejercicios de abuso mediados por puestos de poder y el acoso sexual.

Lo que más llamó la atención el estudio son las represalias que sufrieron las periodistas que decidieron denunciar. Eso sucedió en un 43,1 % de los casos reportados; el 17,2 % fueron despedidas y el 24,1 % manifestó haber vivido un ambiente negativo por el hecho de hablar.

“A un directivo no le renovaron el contrato por ejercer violencia psicológica contra una directiva de cargo superior. Él entonces borró todo el trabajo realizado que estaba online y en sus redes personales publicó mensajes ofensivos que dañaron la imagen de ella”, fue el testimonio de una periodista colombiana que ilustra esta situación.

La investigación también preguntó sobre la opinión de los protocolos y en general las periodistas valoran que las empresas cuenten con estas herramientas. Los medios grandes son los que están más al tanto de los protocolos, pero las encuestadas manifestaron que falta más difusión y visibilización de estos protocolos.

“Pasamos de un total desconocimiento del tema y resistencia, a investigar los casos y tomarlos con completa seriedad. Hay una mayor conciencia de la importancia de proteger víctimas, de tomar acción legal si hace falta, y sobre todo de tomar acción dentro de la redacción. Yo creo que aún falta capacitación de las personas que manejan estos casos en la empresa, porque, aunque se toman muy en serio las situaciones, la resistencia a la defensa a los derechos de las mujeres es un tema general en el mundo”, dijo una periodista colombiana consultada para la investigación.

Este trabajo también se trazó la tarea de construir un protocolo marco que los medios pueden usar, según la legislación nacional. Entre las disposiciones está ampliar la aplicación del protocolo más allá a los espacios exclusivos de trabajo, las reglas a seguir durante el proceso, contar con personas de la empresa y fuera de esta que intervengan en caso de denuncia, establecer las medidas preventivas cuando se presente una situación, prever sanciones, generar mecanismos para detectar posibles escenarios de violencia, entre otras acciones.

Incorporar los protocolos para garantizar el derecho laboral de las mujeres es una necesidad que reconoció la Corte Constitucional. “Sin la presencia de las mujeres en el periodismo, la democracia se vería seriamente comprometida (…) La libertad de expresión sin la equidad de género permanecería reducida en sus alcances, pues dejaría de lado las voces y el entendimiento de más de la mitad de las personas que habitan el mundo”, reconoció el alto tribunal en la sentencia relacionada con el caso de Vanessa Restrepo.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA