Prostitución como violencia estructural:

 

De la “prostitución como trabajo” a la prostitución como violencia estructural: el debate jurídico que reabre la justicia colombiana

La reciente sentencia SP287-2026 de la Corte Suprema de Justicia volvió a encender uno de los debates más complejos y sensibles dentro del derecho, el feminismo y los derechos humanos en Colombia: ¿la prostitución debe entenderse como trabajo o como una forma de explotación y violencia estructural?

La decisión de la Sala de Casación Penal marca un giro importante al señalar que la prostitución no puede ser considerada una actividad laboral ordinaria y que quienes pagan por acceso sexual no son “clientes”, sino explotadores sexuales directos o prostituyentes. Este fallo contrasta y, al mismo tiempo, dialoga con decisiones anteriores de la Corte Constitucional, especialmente con la Sentencia SU062 de 2019, que abordó el ejercicio de actividades de intermediación para la prostitución y los derechos al trabajo e igualdad.

Comprender ambas decisiones permite dimensionar cómo ha evolucionado el debate jurídico colombiano alrededor de la prostitución, las garantías laborales y los derechos humanos de las mujeres.

La Sentencia SU062/19: trabajo, igualdad y protección frente a la discriminación

La Sentencia SU062/19 de la Corte Constitucional analizó el caso de un establecimiento donde se prestaban servicios sexuales y que fue cerrado por una autoridad municipal.

En ese momento, la Corte Constitucional estudió si el cierre vulneraba derechos fundamentales como:

• el derecho al trabajo;
• la igualdad;
• el libre desarrollo de la personalidad;
• y el debido proceso.

La Corte reconoció que las personas que ejercen prostitución suelen enfrentar condiciones históricas de discriminación, exclusión social y estigmatización. Por ello, sostuvo que el Estado no podía adoptar medidas arbitrarias que profundizaran su vulnerabilidad.

Uno de los elementos más relevantes de esa sentencia fue que la Corte diferenció entre:

• la prostitución ejercida voluntariamente por personas adultas;
• y la explotación sexual, la trata de personas o la prostitución forzada.

En ese contexto, el alto tribunal afirmó que, aunque la prostitución genera tensiones éticas y sociales, quienes la ejercen no pierden sus derechos fundamentales ni pueden ser perseguidas o discriminadas por esa condición.

La decisión también estableció que las autoridades locales no podían cerrar establecimientos de forma arbitraria ni utilizar argumentos morales o prejuicios para restringir actividades económicas relacionadas con servicios sexuales de adultos.

El contexto jurídico de la SU062/19

La SU062/19 se produjo en un momento en que la jurisprudencia constitucional colombiana venía consolidando una línea de protección hacia personas en situación de prostitución, especialmente frente a:

• abusos policiales;
• violencia institucional;
• discriminación laboral;
• exclusión en acceso a salud y seguridad social.

En decisiones previas, la Corte Constitucional incluso había reconocido la existencia de ciertas garantías laborales mínimas para mujeres que trabajaban en establecimientos nocturnos vinculados a la prostitución, particularmente cuando existían relaciones de subordinación económica.

La lógica constitucional dominante era que, aun en contextos problemáticos, el Estado debía proteger derechos fundamentales y evitar mayores escenarios de precarización.

La SP287-2026: un cambio de paradigma

La nueva sentencia SP287-2026 de la Corte Suprema de Justicia introduce una perspectiva distinta, mucho más cercana a enfoques abolicionistas y de derechos humanos con perspectiva de género.

Mientras la SU062/19 se enfocó en proteger derechos fundamentales de personas que ejercían prostitución frente a actuaciones arbitrarias del Estado, la SP287-2026 pone el foco en:

• las estructuras de explotación;
• la desigualdad económica;
• la violencia patriarcal;
• y la cosificación de los cuerpos.

La Sala Penal sostiene que no puede normalizarse el acceso sexual mediado por dinero como si se tratara de una simple relación comercial. Según el fallo, la prostitución se desarrolla dentro de sistemas de dominación que afectan principalmente a mujeres, niñas y adolescentes.

Además, la Corte Suprema cuestiona el lenguaje neutral que históricamente ha legitimado el mercado sexual. De allí que elimine expresiones como “cliente” o “consumidor” y adopte categorías que evidencian la relación de explotación existente.

¿Contradicción o evolución jurídica?

Aunque ambas sentencias parecen ubicarse en orillas distintas, también pueden leerse como parte de una evolución compleja del derecho colombiano.

La SU062/19 buscó evitar la revictimización y proteger derechos fundamentales inmediatos de personas en situación de prostitución.

La SP287-2026, por su parte, amplía la discusión hacia una crítica estructural del sistema prostituyente y cuestiona si realmente puede existir consentimiento libre en contextos atravesados por:

• pobreza;
• violencia;
• desigualdad de género;
• desplazamiento;
• exclusión social;
• y falta de oportunidades.

En otras palabras, una sentencia se concentra en la protección inmediata de derechos y la otra en las raíces estructurales de la explotación sexual.

El debate feminista y social sigue abierto

Las decisiones judiciales reflejan también las tensiones existentes dentro del movimiento feminista y de derechos humanos.

Por un lado, existen sectores que defienden el reconocimiento de derechos laborales y garantías para mujeres que ejercen prostitución, argumentando que la criminalización aumenta la vulnerabilidad y la violencia institucional.

Por otro, movimientos abolicionistas sostienen que la prostitución nunca puede separarse de relaciones históricas de desigualdad y violencia patriarcal, y que presentarla como “trabajo” normaliza la mercantilización de los cuerpos femeninos.

La SP287-2026 fortalece claramente esta segunda postura y podría influir en futuras reformas legales y políticas públicas en Colombia.

Más allá de los tribunales

El debate no termina en las cortes. Las decisiones judiciales evidencian la urgencia de políticas públicas integrales que garanticen:

• educación;
• empleo digno;
• acceso a vivienda;
• autonomía económica;
• protección frente a las violencias de género;
• atención psicosocial;
• y oportunidades reales para mujeres en contextos de vulnerabilidad.

Hablar de prostitución en Colombia implica hablar también de desigualdad, exclusión, racismo, conflicto armado, migración y pobreza.

Hoy, la justicia colombiana atraviesa un momento decisivo: mientras algunas sentencias buscan proteger derechos en contextos de prostitución, otras cuestionan profundamente la legitimidad misma de un sistema que convierte la vulnerabilidad humana en mercancía.